TALLER NACIONAL PROGRESISTA

El 14 de septiembre se llevará a cabo un taller nacional progresista con la idea de debatir la participación del progresismo en la propuesta de integración con el partido Verde y con el movimiento Compromiso Ciudadano, entre otros grupos y sectores.
En la página central de Progresista (http://www.progresistas.co/) encontrarán información complementaria.
El día anterior, jueves 13, se reunirán los jóvenes para analizar su situación dentro del progresismo, y para acercar posiciones sobre el que hacer en estas circunstancias.

PROGRESISTAS

Primer Movimiento Político
de construcción colectiva del siglo XXI

¿QUÉ ES SER PROGRESISTA?

ALGUNOS LO DEFINEN COMO UNA ACTITUD, Y TIENEN RAZÓN. OTROS LO ENTIENDEN COMO UNA CONCEPCIÓN DEL ESTADO, Y TAMBIÉN TIENEN RAZÓN. PERO LOS QUE PERTENECEMOS AL MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA SABEMOS QUE ES UNA PROPUESTA POLÍTICA ALTERNATIVA, CUYA DEFINICIÓN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN Y CUYA ORGANIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO, Y QUE HA HECHO PRESENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL DESDE HACE MUCHO TIEMPO. (Julián Mejía B.)

Al final del blog encontrarán una propuesta, escrita por Julián Mejía Botero, que de paso recoge otras propuestas y aporta construcciones colectivas hechas en Caldas, y sobre la que podemos seguir buscando consensos. Los invitamos a que la lean y opinen al respecto.

VÍDEO PROGRESISTAS CALDAS

12 de febrero de 2013

"CONSULTAS PREVIAS"

REPRODUCIMOS UN PAR DE ARTÍCULOS SOBRE LAS "CONSULTAS PREVIAS" CON COMUNIDADES INDÍGENAS Y MINORIAS ÉTNICAS, EL DEL TIEMPO HACIENDOLE EL JUEGO A LA TEORIA DE QUE LAS COMUNIDADES SE OPONEN AL PROGRESO (DE LAS MULTINACIONALES, DECIMOS NOSOTROS) Y EL DE UN BLOGUERO DEL ESPECTADOR, APORTANDO UNA MIRADA ALTERNATIVA.

La propuesta es que se lo lean y busquen, además, otras fuentes que aporten a la comprensión de la realidad de la "locomotora minera" del actual gobierno, al desgreño frente a los recursos naturales del anterior gobierno, y a la política extractiva, entreguista y falta de sentido común y espíritu nacional con la quehemos sido gobernados desde hace muchos años ya.

Este ejercicio de lectura y análisis es el que le permitirá al ciudadano asumir una posición ilustrada frente al acontecer local, regional, nacional y mundial,


Consultas con minorías étnicas 'paralizan' la agenda estatal

Por:

Indígenas y afrodescendientes, las comunidades que más complejidad le han dado al proceso.

La falta de reglas claras para realizar consultas previas con las minorías étnicas se convirtió en un problema, hasta ahora insoluble, que tiene “paralizada” parte de la agenda del país y puede afectar el desarrollo.

Esta situación, calificada por el Ejecutivo como “crítica”, tiene frenadas iniciativas legislativas claves, como la ley de desarrollo rural o las reformas del Código Minero y de las CAR, las cuales no pueden ser tramitadas por el Congreso hasta que las comunidades indígenas y afrodescendientes den su visto bueno.
El mismo panorama se observa en infraestructura, pues proyectos vitales para el desarrollo, como el tramo 3 de la Ruta del Sol –que pasa cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta– y muchos otros, no pueden comenzar a construirse hasta que las minorías los acepten como viables.
Igual ocurre con la academia. Científicos y docentes han visto afectados sus proyectos, porque cualquier investigación que implique utilizar recursos en asentamientos de minorías debe ser consultada y obtener aprobación.
La consulta previa es un derecho fundamental de las minorías étnicas consagrado en la Constitución y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia. Pero estas comunidades han querido convertir la consulta en una especie de “veto” y escenario de “negociación”, lo cual ha desembocado en parálisis de procesos.
Por lo menos cinco ministerios (Interior, Agricultura, Ambiente, Minas y Transporte) están pendientes del tema, porque sus labores son las más afectadas.
Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, resumió la postura del Gobierno. Dijo que las consultas previas se convirtieron en algo “laberíntico, interminable y costosísimo que ha hecho crisis”, y que “prácticamente está paralizando la gestión estatal, tanto la legislativa como la administrativa”.
La preocupación no es gratuita. Se han invertido años en tratar de hacer esas consultas sin ningún resultado concreto, y los costos sí son muy altos. Hasta ahora los gastos para intentar la consulta de una sola ley superan los $ 4.000 millones, recursos que se destinan al pago de hotel para los representantes de las minorías, alimentación y traslado, entre otros, y como no hay términos fijos, esto puede ser indefinido.
EL TIEMPO estableció que los procesos de consulta para varios proyectos de ley se han visto frustrados por hechos inexplicables, como que en una ocasión los miembros de una comunidad indígena se pararon de la mesa porque consideraron que el menú del almuerzo, ofrecido por un ministerio, no estaba a la altura de su dignidad.
En otra ocasión miembros de otra comunidad tuvieron que ser llevados a Cartagena, con todos los gastos pagados, pero cuando se daba inicio a la discusión, estos exigieron viáticos de $ 350.000 diarios para trasladarse a hacer unas preconsultas con sus bases y avanzar en la agenda.
Otro factor que influyó para llegar a este estado de cosas son las decisiones judiciales. Por ejemplo, las adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Este miércoles, un grupo de ministros acudirá a la Corte Constitucional para buscar salidas a esta maraña jurídica. El mismo día los indígenas tienen una nueva cita para tratar de definir la metodología de tales consultas.
Piden reformas
Tanto en el Gobierno como en las minorías coinciden en la necesidad de reglamentar este proceso. Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente, pidió establecer “etapas y escalas para dar resultados”.
Y aunque los indígenas están de acuerdo con establecer un protocolo sobre consultas, rechazan las propuestas de reglamentación del Gobierno. Juvenal Arrieta, secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), aseguró que lo planteado por el Ejecutivo “limita, restringe y le quita alcance al derecho de consulta previa”.
Daniel Mera, director de la Fundación Color de Colombia (de afros), dijo que “la verdad es que las consultas previas no están funcionando bien, por lo que es un avance que las comunidades hablen abiertamente del tema y no se cohíban por lo que es políticamente correcto”.
Esta postura la respaldó Miguel Galvis, del Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político (Ipesp). Enfatizó que “es el Gobierno el que no ha querido definir la política pública de manera consultada con las minorías, lo que le tranca algunos proyectos”.
Claro que una ley para reglamentar la metodología de las consultas previas necesariamente requiere ser consultada a las comunidades.
El Gobierno no pretende desconocer los derechos de las minorías, pero tampoco comparte que esto se haya convertido en un obstáculo para el desarrollo del país.
Freno a la agenda legislativa
Si algo ha afectado la consulta previa a las comunidades étnicas es la agenda legislativa. En este momento están frenados cuatro proyectos de ley claves para el Gobierno: ley de desarrollo rural, la reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), la reforma del Código Minero y el decreto de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El Ejecutivo tenía presupuestado presentarlos el año pasado al Congreso, pero tan demorado ha sido el trámite de consulta que ninguno de ellos llegará al Legislativo en las sesiones ordinarias, que empiezan en marzo. De hecho, la iniciativa legislativa del Gobierno va con pausa para evitar la consulta.
Estancadas obras de infraestructura
La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, afirmó: “En este momento tenemos más de 30 proyectos estratégicos en trámite de consulta previa y venimos trabajando especialmente en 18”.
Entre ellos está el tramo 3 de la Ruta del Sol, que pasa cerca de la Sierra Nevada; la Confederación Indígena Tayrona dice que no se sienta a consultar ningún proyecto hasta que el Presidente los reciba.
También se cuenta la doble calzada Buga-Buenaventura, que lleva más de tres años de retraso porque falta consultar con algunos afros ubicados en sectores por donde está proyectada la vía.
Los problemas del sector minero
El Ministerio de Minas y Energía también ha expresado varias preocupaciones por lo que está pasando con las consultas previas a las minorías étnicas. De hecho, en esa cartera consideran que el sector minero-energético puede estar “expuesto a incertidumbres en las reglas de juego”, lo que puede “desincentivar la inversión en el país”.
Uno de los ejemplos en este campo –según ese despacho– es la consulta previa que la compañía minera CCX ha intentado realizar en algunas regiones del país, ya que con algunos pueblos indígenas ha tenido avances, pero con otros el proceso “simplemente no avanza”.
Los reclamos de la academia
El sector académico también se ha visto afectado por las consultas previas. Si bien en este campo son conscientes de que es un derecho fundamental, expresan quejas por los procesos de investigación que se han frenado. Por ejemplo, en la Universidad Nacional casi no logran iniciar una investigación sobre palma, porque debían consultar a por lo menos 400 comunidades étnicas, proceso que podría costar cerca de 250 millones de pesos.
Gloria Galeano, investigadora de la Nacional, aseguró que “hay cosas para mejorar”, en la medida en que la investigación “que realizamos no es para afectar a las comunidades sino para ayudarlas en su desarrollo”.
Los fallos de la Corte Constitucional
El mayor impacto judicial en las consultas previas proviene de la Corte Constitucional, que al defender derechos fundamentales les ha dado la razón a las minorías étnicas en varios aspectos. No obstante, el entramado jurisprudencial ha puesto freno a estos procesos que tienen estancados valiosos proyectos. En la sentencia T-823, de octubre de 2012, al resolver la tutela de una comunidad afro del Valle, ordenó cambiar el sistema de conformación de la consultiva de negritudes. Con ese fallo, este órgano lo deben conformar todos los consejos comunitarios de afros, tengan o no título colectivo de tierras. Además, el 4 de diciembre emitió un auto en el que ordenó suspender todas las consultas con afros hasta que no se conforme esa instancia.
La preocupación del Gobierno Nacional
FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior
“Las consultas previas deben ser un factor de aceleración del desarrollo y no deben estar en un punto muerto. Esperamos una metodología y un cronograma”.
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
“Para que un proyecto sea ley debe tener cuatro debates, pero cuando toca consultarlo tiene por lo menos 44: 20 con los indígenas, 20 con los afros y 4 en el Congreso”.
JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente
“La consulta previa es un paso importante, pero debe tener una serie de escalas y de etapas claras y concretas para poder generar resultados”.
FEDERICO RENJIFO
Ministro de Minas
“Las consultas previas son un proceso para reconocer la identidad de las minorías étnicas, pero no pueden convertirse en un chantaje”.
CECILIA ÁLVAREZ
Ministra de Transporte
“Hemos tenido procesos de consulta previa que han tardado cuatro meses y otros que se han demorado hasta cuatro años”.
DANIEL VALERO
Redacción Política


Tres mitos sobre la consulta con indígenas y afros

Por: César Rodríguez Garavito

En un infortunado artículo , anuncia El Tiempo que varios ministros se reunirán mañana con la Corte Constitucional para “buscar salidas a la maraña jurídica” de las consultas previas.

 En un infortunado artículo, anuncia El Tiempo que varios ministros se reunirán mañana con la Corte Constitucional para “buscar salidas a la maraña jurídica” de las consultas previas con indígenas y afros. Enredo que tendría “paralizado” el desarrollo del país, porque leyes como el Código Minero están pendientes de consulta.
En el artículo compiten, cabeza a cabeza, las faltas gramaticales con la falta de conocimiento del tema. Lo primero es problema del periódico. Pero lo segundo es un problema nacional: a pesar de la importancia del tema, se sabe muy poco sobre cómo operan las consultas y qué han hecho los gobiernos al respecto. Ante la ausencia de información confiable, han medrado los mitos sobre la consulta.
El primero es que el lío ha sido obra de la Corte, que “ha puesto freno a estos procesos que tienen estancado valiosos proyectos”, como dice la noticia de marras. En realidad, lo que ha hecho la Corte es aplicar la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, que establecen el deber de consultar con las comunidades étnicas las leyes y proyectos económicos que los afectan. Y ha exhortado una y otra vez a los gobiernos a fijar reglas adecuadas, para evitar la repetición de las tutelas que siguen llegando por abusos de todo tipo, como los de empresas mineras que compran el consentimiento de unos cuantos indígenas y lo hacen pasar por consulta.
De modo que la incertidumbre de las reglas es responsabilidad del propio Gobierno. En esto, ha continuado el legado de la administración Uribe, que, tras la caída de la Ley Forestal por falta de consulta en 2008, anunció varias veces, pero nunca formuló, una regulación legal del tema. Si a esto se suma la constante rotación de funcionarios en la Dirección del Grupo de Consulta y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, se entiende la raíz de la improvisación gubernamental. Para solucionarla, no hace falta una ley, sino protocolos que retomen las reglas generales fijadas por la Corte, organicen los procesos y fortalezcan la capacidad estatal para hacer consultas.
El segundo mito es que las comunidades indígenas y negras “han querido convertir la consulta en una especie de ‘veto” y escenario de ‘negociación’”, según El Tiempo. La realidad es otra. Es posible llegar a acuerdos cuando la consulta es previa, libre e informada y garantiza los derechos de las comunidades. De hecho, un logro notable del gobierno Santos es el decreto-ley de reparación a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, que resultó de un proceso genuino de consulta con la Mesa de Concertación indígena que duró buena parte de 2011.
Además, si ha habido clientelismo de sectores étnicos minoritarios –como los que controlaban la antigua Alta Consultiva de Comunidades Negras--, ha sido con anuencia de los gobiernos. El intercambio de favores –yo te firmo la consulta si tú me ayudas con un viático o un contrato para mi amigo—tuvo su punto más alto en el gobierno Uribe. Afortunadamente, el Ministro Fernando Carrillo ha venido limpiando la casa, y las organizaciones étnicas legítimas (como la ONIC, el CRIC, el PCN, Cimarrón y muchas otras) nunca han entrado en ese juego.
El último mito es que la consulta es el “palo en la rueda” del desarrollo, como han dicho algunos ministros. En realidad, ante la falta de políticas ambientales serias, el derecho a la consulta ha servido para desacelerar proyectos y leyes que habrían tenido un impacto desastroso sobre el medio ambiente y las comunidades étnicas. Por ejemplo, si los indígenas y afros no hubieran invocado la consulta, la Sierra Nevada estaría atravesada por líneas férrea que llevarían el carbón al Caribe, con el riesgo que está a la vista en el caso Drummond; y la Ley Forestal de Uribe habría concesionado los bosques del país.
Es cierto que hay que mejorar las consultas. Pero no se puede avanzar sobre la base de mitos.
*Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

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