TALLER NACIONAL PROGRESISTA

El 14 de septiembre se llevará a cabo un taller nacional progresista con la idea de debatir la participación del progresismo en la propuesta de integración con el partido Verde y con el movimiento Compromiso Ciudadano, entre otros grupos y sectores.
En la página central de Progresista (http://www.progresistas.co/) encontrarán información complementaria.
El día anterior, jueves 13, se reunirán los jóvenes para analizar su situación dentro del progresismo, y para acercar posiciones sobre el que hacer en estas circunstancias.

PROGRESISTAS

Primer Movimiento Político
de construcción colectiva del siglo XXI

¿QUÉ ES SER PROGRESISTA?

ALGUNOS LO DEFINEN COMO UNA ACTITUD, Y TIENEN RAZÓN. OTROS LO ENTIENDEN COMO UNA CONCEPCIÓN DEL ESTADO, Y TAMBIÉN TIENEN RAZÓN. PERO LOS QUE PERTENECEMOS AL MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA SABEMOS QUE ES UNA PROPUESTA POLÍTICA ALTERNATIVA, CUYA DEFINICIÓN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN Y CUYA ORGANIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO, Y QUE HA HECHO PRESENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL DESDE HACE MUCHO TIEMPO. (Julián Mejía B.)

Al final del blog encontrarán una propuesta, escrita por Julián Mejía Botero, que de paso recoge otras propuestas y aporta construcciones colectivas hechas en Caldas, y sobre la que podemos seguir buscando consensos. Los invitamos a que la lean y opinen al respecto.

VÍDEO PROGRESISTAS CALDAS

28 de enero de 2013

El caso de Santoyo: ¿falta “El Uno”?




razonpublica.com   Esta vez fue el jefe de seguridad del presidente entre 2002 y 2006, quien en Estados Unidos aceptó cargos por “conspirar con las AUC entre 2001 y 2008”. Pero también esto pasó a espaldas del presidente Uribe.
El fiscal Neil MacBride presentó primero un ‘indictment’ por narcotráfico contra Santoyo. Luego negoció a cambio de que confesará los alcances de su relación con las AUC.
Foto: Archivo.

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Pocos rastros en Colombia
El 16 de abril de 2001, la Justicia colombiana recibió la primera alerta concreta de los vínculos del General (r) Mauricio Santoyo con grupos narcoterroristas. En una carta anónima, el agente de la Policía Carlos Arturo Ceballos Gómez, informaba que en el Gaula Urbano de Medellín, donde trabajaba escuchando interceptaciones telefónicas, “las irregularidades” eran “muchas”. “Todo viene desde que estuvo como jefe el señor teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco”, relataba el suboficial.
La carta llegó a las manos del entonces fiscal, Alfonso Gómez Méndez, 12 días después de que el denunciante anónimo fuera asesinado cerca a la Escuela de Carabineros “Carlos Holguín” y dos días antes de presentarse ante la Procuraduría para aclarar por qué esa dependencia había espiado a los desaparecidos Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES).
Las “irregularidades” denunciadas por el agente Ceballos consistían en “escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia”, “interceptarle líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de ONG que tuvieran que ver con la subversión”. ¿Los beneficiados? Nadie menos que los sicarios de La Terraza, temible banda que creo Pablo Escobar y que sobrevivió a su muerte. Los hechos relatados por Ceballos no merecieron mayor atención de la justicia colombiana.
Casi un año después, en plena campaña presidencial, Santoyo fue escogido como jefe de seguridad del candidato liberal disidente, Álvaro Uribe Vélez. El 7 de agosto de 2002, al llegar éste a la Presidencia de la República, nombró a Santoyo responsable de su vida y la integridad de su familia, mediante el decreto 1811.
El 29 de agosto de 2003, el Fiscal General Luís Camilo Osorio absolvió a Santoyo por la desaparición de Quintero y Monsalve. Con las mismas evidencias que le sirvieron a Osorio para exculparlo, el 7 de octubre el Procurador Edgardo Maya lo sancionó.
La evidencia recopilada por el organismo de control revela que Santoyo "era la cabeza" de esas operaciones y que las faltas que se le atribuían “se endilgan a título de dolo”. La sanción fue impugnada por la defensa de Santoyo, ratificada en noviembre de 2004, y luego suspendida en 2006 por los consejeros de Estado Tarcisio Cáceres, Jesús María Lemus y Alejandro Ordóñez…porque no se le pudo notificar oportunamente.
Esa sanción embolatada y cuatro procesos en etapa preliminar en la Fiscalía es lo único en su contra que tienen las autoridades colombianas sobre el más conspicuo agente doble del Estado y de los narco–paramilitares de Antioquía.
Un traidor que pese a esas acusaciones cuidó al presidente y su familia hasta 2006, fue asesor del Ministerio de Defensa y ascendió a general en 2007, fue destacado como agregado de la embajada en Italia en 2008 y pidió la baja en 2009, casi con honores.
Como se preguntó candorosamente este viernes el presidente Santos: "¿Cuántas veces no habrá suministrado información a la delincuencia?".
Elefante a sus espaldas
Hasta julio de este año, Santoyo no era más que otra presunta oveja descarriada del presidente Uribe. Uno más de los indiciados y cuestionados funcionarios del gobierno de la Seguridad Democrática. Una nota de pie en el expediente del hombre que más tiempo ha gobernado a Colombia en el último siglo. Y sus presuntos delitos… casi una anécdota olvidada por la historia y por la opinión pública.
Rodrigo_hurtado_Santoyo_absuelto
Mauricio Santoyo Velasco fue absuelto por la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín de Asfaddes.
Tomada del blog Ventana de la Memoria.
Pero el pasado viernes 15 de julio cayó un baldado de agua fría: El fiscal Neil MacBride presentó ante la Corte para el Distrito Este de Virginia un ‘indictment’ por narcotráfico contra Santoyo.
La reacción del expresidente no se hizo esperar: “Si MinSantos(Pte), GralNaranjo, entonces DirPonal, o yo hubiéramos sabido algo malo de GralSantoyo, habría sido retirado y denunciado sin ascenso”, explicó en un apretado intento por aclarar una situación tan comprometedora en solo 140 caracteres. Ese ha sido su mantra:
  • los delitos de los que se acusa a Santoyo en Antioquia se cometieron después de su paso por la gobernación;
  • el general Gilibert lo recomendó como su jefe de seguridad;
  • respetó la presunción de inocencia y el debido proceso pese a las sanciones disciplinarias;
  • la Junta de Generales y la Comisión Segunda del Congreso aprobaron su ascenso; el Ministerio de Defensa lo delegó su asesor y luego lo envió a Roma…
….a juzgar por su descripción de los hechos, Uribe propició la fulgurante carrera de Santoyo, casi a regañadientes.
Uribe afirma que todos los oficiales que trabajaron a su lado “fueron cercanos y a todos los traté con cariño y con confianza”, pero también afirma que nunca se dio cuenta de que el hombre con quien pasaba más horas que con su esposa, le fuera infiel con La Terraza y la Oficina de Envigado.
Y acepta el error con una tranquilidad pasmosa: “nunca me pasó por la mente que le hicieran contrainteligencia a las personas que habían sido designadas para mi seguridad por el Estado”. Todos sus subalternos y aliados políticos implicados han hecho lo mismo: lavarse las manos, decir que nada sabían. Todo fue a sus espaldas.
Pero sí sabían
Sin embargo, una revisión minuciosa de la historia demuestra que mienten y que procedieron a sabiendas del discutible récord del otrora héroe nacional:
  • Tan públicos eran los malos pasos del general, que en 2007 una estudiante interpeló al presidente y le criticó ante la televisión su complicidad con Santoyo. Uribe, como desde 1997, se hizo el desentendido y alegó un respeto escrupuloso de la presunción de inocencia.
  • En el Senado, Juan Manuel Galán, Cecilia López, Alexandra Moreno y Jesús Piñacué advirtieron de estas razones para negar el ascenso del general. Sus voces no fueron escuchadas por las mayorías uribistas.
Es falso que Uribe sólo supiera de estas inquietantes sospechas hasta 2009, cuando se enteró de que expolicías y traquetos estaban negociando con la DEA a cambio de evidencia en contra de Santoyo. En febrero de 2007 el expresidente dijo en una entrevista para RCN Radio: “Yo defiendo al coronel Santoyo”.
 En torno a Álvaro Uribe
Que el jefe de seguridad de la Presidencia haya confesado haber pasado información y cooperado con La Terraza primero y luego con la Oficina de Envigado entre 2001 y 2008 es probablemente el peor descalabro de la inteligencia y la justicia colombianas.
Pero ni siquiera es el más grave de los cargos que rodean al expresidente Uribe. Las noticias de familiares, aliados y subalternos prófugos, encarcelados y condenados no tiene precedentes. Y cada caso parece ser peor que el anterior.
  • Semanas antes de la emergencia del caso Santoyo, Uribe estaba defendiendo a su hermano muerto, Alberto. Su amante y su hija eran acusadas por la justicia de Estados Unidos de ser las herederas del enlace del Cartel de Sinaloa con el Clan Cifuentes Villa para traficar cocaína a Estados Unidos. Este ‘clan’ habría sido una de las redes sobrevivientes del imperio de Pablo Escobar que se supo mantener al margen de la atención mediática y policial durante los 90 y la larga presidencia de Uribe. Sorprendentemente, el periodista Gonzalo Guillén destaca que tras la salida de Uribe de la Presidencia, esta facción de la mafia acusó golpes certeros que las autoridades nunca antes les habían propinado. Uribe también se declaró “ajeno” a estos hechos.
  • Los vínculos de su hermano Santiago con grupos paramilitares en San Roque y Yarumal y los testimonios que comprometen a Tomás y a Jerónimo, sus hijos, con un alcalde corrupto y un jefe de los paramilitares en el Magdalena tampoco han sido aclarados. La justicia avanza a su propio ritmo.
  • Pero la verdad es que no había amainado el escándalo por la aceptación de cargos de Santoyo y ya le caía más lodo al legado de Uribe: Mancuso se unió a los jefes paramilitares que confiesan haber apoyado activamente su campaña en 2002. La tramoya que reveló hace años el testigo Rafael García parece respaldada por los testimonios de presuntos viejos aliados que hoy la ven negra en el sistema norteamericano de prisiones.
   Preguntas sin respuestas
Y entonces saltan las preguntas:
  • ¿Hasta cuándo va a durar el estado de negación de la sociedad colombiana sobre la traumática, pero indeleble marca de Uribe en la historia política nacional?
  • ¿Cuándo vamos a asumir el costo de que el proyecto narcoparamilitar haya llegado hasta el más alto nivel del sistema democrático?
  • ¿y cuáles son las consecuencias jurídicas de ello?
Es incierto. Colombia navega, como de costumbre, por aguas tormentosas. La imbricación entre crimen, política y negocios sigue presente, y aún no lo suficientemente desacreditada como una forma de acceder al poder.
Rodrigo_hurtado_Santoyo_condecoracion
Santoyo, un traidor que ascendió a general en 2007 con el benéplacito de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Tomada de Youtube.
Uribe al menos está dando la cara, pero su fuero es inexpugnable. Muchos de los crímenes donde aparece mencionado antes de 2002 han prescrito. En otros, los testigos han muerto, las pruebas han desaparecido, o sus protagonistas están fuera del alcance de la justicia. El resto son investigados por la disfuncional Comisión de Acusación del Congreso donde reposan 286 indagaciones en su contra.
Y está el factor político: pese a ser el único colombiano incapacitado por la Constitución para acceder a la Presidencia, su estilo de campaña permanente tiene rating. Un 58 por ciento de los colombianos tiene una opinión favorable [1] acerca de su persona, y no se sabe cuántos ni quiénes estarían dispuestos a echar abajo la Carta del 91 para ponerlo otra vez a tomar las decisiones y ganar la guerra que en ocho largos años no pudo ganar.
Santoyo es apenas una ficha en este ajedrez. Como lo son Restrepo, Arias, Hurtado, Narváez, Noguera y los demás. Como el General Del Río condenado a 25 años el viernes pasado, por complicidad con los horrendos crímenes de los paras.
Las preguntas que quedan por resolver son tres: ¿Hubo un número Uno? ¿Quién era ‘El Uno’? y ¿También caerá?

* Periodista y profesor universitario
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