TALLER NACIONAL PROGRESISTA

El 14 de septiembre se llevará a cabo un taller nacional progresista con la idea de debatir la participación del progresismo en la propuesta de integración con el partido Verde y con el movimiento Compromiso Ciudadano, entre otros grupos y sectores.
En la página central de Progresista (http://www.progresistas.co/) encontrarán información complementaria.
El día anterior, jueves 13, se reunirán los jóvenes para analizar su situación dentro del progresismo, y para acercar posiciones sobre el que hacer en estas circunstancias.

PROGRESISTAS

Primer Movimiento Político
de construcción colectiva del siglo XXI

¿QUÉ ES SER PROGRESISTA?

ALGUNOS LO DEFINEN COMO UNA ACTITUD, Y TIENEN RAZÓN. OTROS LO ENTIENDEN COMO UNA CONCEPCIÓN DEL ESTADO, Y TAMBIÉN TIENEN RAZÓN. PERO LOS QUE PERTENECEMOS AL MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA SABEMOS QUE ES UNA PROPUESTA POLÍTICA ALTERNATIVA, CUYA DEFINICIÓN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN Y CUYA ORGANIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO, Y QUE HA HECHO PRESENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL DESDE HACE MUCHO TIEMPO. (Julián Mejía B.)

Al final del blog encontrarán una propuesta, escrita por Julián Mejía Botero, que de paso recoge otras propuestas y aporta construcciones colectivas hechas en Caldas, y sobre la que podemos seguir buscando consensos. Los invitamos a que la lean y opinen al respecto.

VÍDEO PROGRESISTAS CALDAS

19 de marzo de 2012

Cartas de paz y la vía ciudadana en el 2012

Con este panorama las cabañuelas de la paz anuncian turbulencia y demandan audacia.

No hay suficientes elementos para afirmar que este 2012 se ha iniciado con un giro en la dinámica de guerra y paz en Colombia,  que ha estado marcada durante estos años por las estrategias militares y por la  negación de opciones de solución política o de diálogos para pactos de reformas con las guerrillas.  Desde el gobierno de Santos lo central ha sido la "consolidación de la paz" a partir del control  de territorios, y desde la guerrilla lo dominante ha estado en el reacomodo táctico para sobrevivir a la ofensiva de diez años, desde el Plan Colombia y Patriota a la actualidad.  
Después del Caguán, los gobiernos y sus aliados descartaron la vía de negociaciones para la paz que ofreció éxitos y fracasos entre 1984 y 1990; la administración Uribe optó por la solución militar, apostando a golpes contundentes al Secretariado, y Santos solo ha dejado abierta la puerta a la desmovilización con ofertas de beneficios penales para excombatientes. Las guerrillas han repetido una y otra vez que quieren la solución negociada del "conflicto social y armado" comenzando por un diálogo en Colombia, sin condiciones previas;  en ese contexto han continuado con el anuncio de liberaciones unilaterales cada seis meses.
Negociar el cierre al borde de la derrota

Es obvio que de gobierno a gobierno se registran ajustes en las políticas y que la administración Santos evalúa la situación en términos cada vez más favorables para la lucha antisubversiva. La pregunta de sus estrategas no es sobre el cambio radical de perspectiva para volver a la solución negociada de reformas como base de un pacto de paz (modelo Centroamérica o Caguán). Su preocupación es sobre la táctica para el cierre definitivo del conflicto en esta o la siguiente administración, a sabiendas de que no es razonable esperar su terminación por eliminación física de todos los comandantes o desarticulación de todas las estructuras. ¿Qué puede ofrecer el régimen y los poderes que se sienten triunfadores en esta guerra, para desmovilizar a las guerrillas sin aflojar en la iniciativa militar y menos negociar el modelo económico o los pilares del poder político? ¿Qué podrían aceptar las guerrillas en ese marco limitado y como mínima salida decorosa en lugar de una hipotética fase final de derrota o lento marginamiento? 
Por lo que hemos visto en los últimos meses el gobierno y sus aliados estadounidenses en los planes de consolidación y de guerra, no tienen aún respuestas a esos interrogantes pero hacen exploraciones en un terreno tensionado por la inflexibilidad de los guerreros. Columnistas como Plinio Apuleyo, José Obdulio Gaviria o twiteros como el expresidente Uribe se han precipitado a hacerle oposición a cualquier posibilidad de dialogo, a pesar de que  Santos no ha ido más allá de decir que estaría dispuesto a hablar con las guerrillas si cesan secuestros, actos terroristas y narcotráfico. En respuesta a la carta de Timochenko publicada en enero de 2012, el presidente Santos se limitó a decir: "No queremos más retórica, el país pide hechos claros de paz. Que se olviden de un nuevo Caguán" (El Tiempo, Redacción Justicia | 9 de enero de 2012).
El llamado "marco legal para la paz" que promueve el gobierno con la reforma constitucional de justicia transicional supone darles sustento jurídico a futuras concesiones en cuanto a beneficios penales a personas involucradas en crímenes atroces en medio de las hostilidades o con su pretexto, pero no abre posibilidades a pactos de reformas políticas o sociales en una perspectiva de paz. Es decir, se trata de justicia transicional para la desmovilización de guerrilleros y saneamiento jurídico a militares, paramilitares y parapolíticos, y no un replanteamiento del modelo de solución militar.
¿Retomar la agenda del Caguán?
No obstante la poca variación de las posturas y dura realidad en la continuidad de la guerra, son muchas las expectativas que se han abierto con la discusión de las reformas de justicia y paz y con las cartas de Timochenko. El cruce de discursos ha colocado en primer plano la confrontación de posiciones y estrategias para la paz. El nuevo comandante de las Farc, en un lenguaje novedoso, ha abierto un debate público sobre temas de fondo del conflicto armado y se ha dirigido al Presidente proponiendo retomar la agenda que quedó suspendida en El Caguán.  En esa carta acusa al gobierno de interferir en la liberación unilateral de los policías y soldados y elude referirse a la orden de fusilamiento de los cautivos y a la responsabilidad de las Farc por este crimen atroz. En la carta de respuesta al profesor Medófilo Medina hace una superficial justificación de la vigencia de la lucha armada en Colombia y sustenta en lenguaje académico la caracterización del gobierno Santos como agente de la oligarquía y las multinacionales, al igual que su predecesor. Timochemko le reconoce a Santos tantas diferencias con Uribe como las de Bush con Obama, sin que esto implique un cambio de proyecto global, y le anota a su favor la postura frente al debate mundial sobre la necesidad de descriminalizar la lucha antidrogas .
Buena parte de los argumentos y propuestas de Timochenko reiteran lo dicho por Cano en sus mensajes, incluida la idea de retomar el hilo del Caguán en una hipotética vuelta a escenarios de diálogo con el gobierno. 
Algunos de los apartes de la carta del jefe de las Farc ilustran el terreno del debate actual:
"Se trata de la misma historia que ha ocurrido en este país por décadas. Por siglos. Una casta enquistada en el poder ha puesto siempre por delante sus intereses y los del amo extranjero antes que los de sus nacionales. De estos y similares asuntos, con participación activa de los afectados, nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar. Retomar la Agenda que quedó pendiendo en El Caguán". (Carta a Santos, enero de 2012, ver www.indepaz.org.co)
En la respuesta al profesor Medina, publicada también en enero de 2012, aclara Timochenko:
"Uno  de  los  Acuerdos  fundamentales  a  que  llegamos (en El Caguán)  se   llamó  la  Agenda  Común  por  el  Cambio  para  una  Nueva  Colombia,  la  relación  precisa de  los  temas  que  ocuparían  la  discusión  en  la  Mesa  de  Diálogos:  El  contenido  de  los  acuerdos  de  paz,  la  doctrina  militar,  las  reformas   democráticas al  sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico". (Colección Batalla e Ideas. Vol.1 Enero 2012, publicado por el semanario 'VOZ'. 
Coincide el nuevo jefe de las Farc con lo dicho por  Alfonso Cano en su más importante entrevista como comandante el 21 de mayo 2011:
"Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable".
"Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual, pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo".
"... NO se ha logrado porque la oligarquía piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia".
"Una vez erigido el escenario, en un proceso que también debe trabajar la reconstrucción de la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los prisioneros de guerra, militares, policías y guerrilleros en poder de las partes, como un aspecto político y humanitario que reclama prelación. Y, en función de objetivos de largo aliento, contamos como punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Común por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc-EP, en El Caguán".
Así que abonando como positivo que se propicie el debate político y se conozcan los argumentos de las Farc que pretenden justificar su lucha armada, lo que se constata no es el acercamiento de posiciones, sino que se mantiene la distancia entre el gobierno y la guerrilla sin vislumbrar  diálogos de paz a corto plazo.  Las Farc, como el Eln, mantienen la tesis de la solución negociada del poder y de reformas sustantivas, bajo el modelo ensayado entre 1984 y 2002, así sea con correcciones en agendas y mecanismos. En cambio, el gobierno y sus aliados nacionales e internacionales le apuestan a la derrota militar con un eventual diálogo solo para la desmovilización que marque el final del conflicto y algunas garantías para que los excombatientes sin procesos penales vigentes se reincorporen y hagan política en la legalidad. La hipótesis manejada por el gobierno de un diálogo de cierre, así ahora no dé señales de variación en las posturas de guerra, es una novedad frente al esquema anterior y deja algunos espacios de indeterminación que son motivo de alertas.
La línea dura dice no a cualquier diálogo
Hay que llamar la atención sobre otras posiciones y fuerzas en juego en este tema de la guerra y la paz. Los sectores más radicales de derecha no quieren que se mencionen las palabras diálogo, soluciones negociadas, conversaciones con la guerrilla, beneficios penales distintos a los otorgados a los 'paras' en la Ley 975 de 2005, y mucho menos agendas de reformas tipo Caguán. Cualquier alusión a diálogos, así sea para tramitar desmovilizaciones, es vista como un ablandamiento o "apaciguamiento", y todo pronunciamiento civil sobre el tema que no sea a favor de la mano dura es descalificado por cómplice con los terroristas y contrario a las fuerzas armadas. En artículos del presidente de Fedegán y de uribistas caracterizados se han sustentado estas posturas, y se rechaza el proyecto de reforma constitucional de justicia transicional porque a su juicio sería un atentado contra la política de seguridad democrática que postulan como único camino e inmodificable en sus instrumentos. 
José Félix Lafaurie ha resumido la postura de la línea dura en su columna del diario 'El Nuevo Siglo':
"No se puede volver a la disyuntiva entre derrotar la criminalidad o abrir la puerta de la negociación. El país superó ese experimento, que siempre terminó siendo adverso para los gobiernos que lo intentaron. En hora buena la postura que asumió la administración Santos con la negativa rotunda a la pretensión de retomar la agenda del Caguán.
El Gobierno deja además explícito que el único camino es aplicar la legislación para judicializar la criminalidad sin importar su origen, porque todas están comprometidas con el narcotráfico y violan los más elementales derechos de los ciudadanos. De ahí lo inconveniente del proyecto que cursa en el Congreso, mal llamado marco jurídico para la paz, una iniciativa que bajo el pretexto de constitucionalizar la justicia transicional, abre troneras para facilitar amnistías, desconocer normas internacionales suscritas en materia de DD. HH. y DIH y, más grave aún, levantar las prohibiciones para que criminales amnistiados participen en política.
Esta sociedad cansada de tanta violencia no va a justificar ni política ni ideológicamente el terrorismo. Por el contrario, el país debe exigir continuidad en la política de Seguridad Democrática, la liberación de los secuestrados por parte de las Farc y la dejación de las armas, como un acto de rendición unilateral, fruto del reconocimiento de su inferioridad militar, su derrota moral y la ausencia de justificación del conflicto, que se ha degradado a niveles dramáticos. No podemos conformarnos con menos". (José Félix Lafaurie R., Presidente Ejecutivo de Fedegán, 'El Nuevo Siglo', enero 15 de 2012).
Solución negociada y vía ciudadana
Pero las posturas del gobierno, las guerrillas y la línea dura uribista no agotan el abanico de posiciones que forman parte del debate nacional acerca de los caminos de la paz en Colombia. Entre los muchos matices que se expresan desde organizaciones sociales, académicas, medios de comunicación, iglesias, ONG o  corrientes políticas, se destacan los partidarios de retomar la solución negociada gobierno-guerrilla y los que ponen el acento en la Vía Ciudadana centrada en la construcción de paz desde pactos democráticos civiles, políticos y sociales.  
Algunos pronunciamientos expresan posturas de sectores afines a la solución negociada del conflicto armado que presionan a las Farc o al Eln para que liberen a todos los secuestrados o prisioneros y renuncien definitivamente a la toma de rehenes o al secuestro extorsivo en aplicación de la llamada ley 001, que obliga al pago de contribuciones so pena de retención o acción violenta que incluye hasta la ejecución sumaria de civiles inermes. Simétricamente se presiona al gobierno para que se someta estrictamente a las normas del DIH y ofrezca garantías en derechos humanos y a los presos políticos. Este reclamo contra crímenes atroces, el secuestro y ejecución de civiles considerados cómplices con el enemigo incluye muchos sectores, y entre ellos a una corriente de opinión que asume como eje de una estrategia de paz la negociación guerrilla-gobierno en temas humanitarios o de reformas sociales y políticas. 
El modelo de solución negociada tramitado con éxito en El Salvador o en Guatemala sigue siendo la referencia de esta postura que le agrega la importancia de la participación ciudadana y popular como tercer actor en un escenario de negociación para la paz. Desde esta posición se reconoce la inviabilidad e inconveniencia de volver a un esquema como el que fracasó en El Caguán (1999-2002), de diálogos en una amplia zona desmilitarizada por la fuerza pública, sin cese de hostilidades en el resto del país y con una agenda pactada sobre más de 12 temas y 50 subtemas de la economía, la política y la seguridad. En diversos pronunciamientos de organizaciones sociales o de grupos ad hoc, los promotores de este esquema de solución negociada han propuesto ensayar cese el fuego bilateral por tres o seis meses, previa liberación de todos los secuestrados y cautivos para explorar posibles caminos de solución política. 
La debilidad de esta posición, proclive al modelo salvadoreño de solución negociada, es directamente proporcional a la debilidad política de las guerrillas expresada en el carácter marginal del respaldo poblacional y en el desprestigio de la lucha armada como medio para llegar al poder o lograr cambios reformistas. En el contexto internacional y nacional actual y de correlación político-militar de fuerzas, no existen mayores posibilidades para que en una mesa guerrilla-gobierno, así este rodeada de actores sociales y políticos, se llegue a pactos de cambios estructurales que signifiquen una derrota del modelo neoliberal-neoconservador o a  la imposición de un nuevo arreglo institucional y de reparto socio-económico. Y mucho más difícil es pensar que pueden lograr una negociación de cambios estructurales que, como definen Cano y Timochenko, signifiquen pactar una "Nueva Colombia", con un gobierno provisional de coalición con la guerrilla que sirva de escalón para una modalidad de socialismo nacionalista inspirado en realidades de Cuba, China o Venezuela.
La Vía Ciudadana
Lo que se ha denominado la Vía Ciudadana para la paz en Colombia coloca en el centro la 'construcción de paz' desde la sociedad civil con los instrumentos de la democracia, la No Violencia Activa, la movilización social o la resistencia humanitaria y por los derechos humanos. Los objetivos de la Vía Ciudadana y de expresiones de diverso nombre que se promueven desde la base de la sociedad urbana y rural son la superación de los conflictos armados y de 'la sociedad violenta' edificada en Colombia en un siglo de exclusión, inequidad y de imposición de poderes sustentados en las armas y en la arbitrariedad.  Los sujetos impulsores de la vía ciudadana de construcción de paz tienen que ser expresiones ciudadanas, movimientos sociales, corrientes políticas que ganen poderes a diverso nivel sustentados en espacios de democracia y ejercicios alternativos de equidad y solidaridad dentro y fuera de las instituciones estatales. 
La Vía Ciudadana no le apuesta a un escenario de negociación sino a muchos escenarios de movilización, diálogo, pactos y transformaciones progresivas. Los pactos políticos desde fuerzas sociales y políticas no armadas, que se pueden construir en lo local, regional o nacional, constituyen la columna vertebral de esta estrategia. Así que la construcción de la paz en Colombia, con superación de los conflictos armados y avance hacia la sociedad no violenta, no depende del inicio o desenlace de una mesa de negociación con las guerrillas -que debe tener su lugar indispensable y su momento-  sino de realidades de fuerzas y sujetos políticos y sociales y de la conformación de poderes ciudadanos democráticos y transformadores.  
En esta vía se articulan entonces diversas estrategias: 
1. Reformas estructurales parciales como resultado de movilizaciones civiles en temas clave como los que ocupan la agenda de políticas públicas en este periodo (reformas en la educación, salud, seguridad social, tierras, territorio, explotación de recursos naturales no renovables, incluida el agua, servicios públicos, regalías, ordenamiento territorial, propiedad colectiva y pública, régimen tributario, hábitat y derechos de ciudad, sistema judicial, seguridad ciudadana, garantías políticas, etc.). Movilizaciones como las de los estudiantes, grupos étnicos, campesinos, mujeres, trabajadores de macroproyectos, ambientalistas, son ejemplos actuales de esta vía. 
2. Avances democráticos en la institucionalidad. Ejercicios de gobierno en las entidades territoriales con experiencias demostrativas en democracia participativa, no corrupción, gasto social y promoción del desarrollo desde la equidad, integración de regiones y campo-ciudad, gobernabilidad democrática del agua y el ambiente, fortalecimiento de poder ciudadano desde la base, seguridad ciudadana humana, movilización y pactos ciudadanos de no violencia. Los gobiernos independientes, cívicos, de pacto democrático, el gobierno de Progresistas en Bogotá y los espacios democráticos en las instituciones estatales (la tutela, independencia de la justicia y organismos de control, la acción democrática efectiva en las corporaciones, en los programas regionales de desarrollo y paz) son los pilares en este aspecto. 
3. Derechos de la población civil a la no violencia y derechos de las víctimas. El derecho a la no violencia incluye tanto el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario, incluida la proscripción absoluta de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como la protección frente a el uso de la fuerza armada privada, irregular, paramilitar, arbitraria, estatal  y desproporcionada, para dirimir conflictos políticos, económicos, sociales, de ciudadanos o de comunidades. La violación de los derechos civiles y fundamentales es parte de la violencia contra la sociedad civil, lo mismo que la militarización de la vida civil y la imposición de dictaduras locales o regionales. En este campo humanitario se ubican también los derechos de la sociedad y de las víctimas individuales y colectivas, según lo consagrado en el bloque de constitucionalidad y en las leyes de justicia, paz, reparación integral, memoria, verdad y no repetición. 
4. Diálogos, ceses de hostilidades, compromisos humanitarios y negociación gobierno-guerrilla. La superación del conflicto armado y el conjunto de estrategias de construcción de paz requieren iniciativas efectivas para la terminación del alzamiento armado que han dirigido las guerrillas por más de cuatro décadas en Colombia. A pesar del avance del Estado en la confrontación, que ha significado control de la mayoría del territorio y de los centros estratégicos de la economía y la institucionalidad, es ilusorio un desenlace de conflicto por sometimiento de la guerrilla y desmovilización al estilo de ETA en España o del proceso de desmovilización unilateral con el M19 en 1989 y 1990. La opción menos costosa en vidas y oportunidades para el desarrollo social y democrático incluye los diálogos bilaterales y los pactos que lleven a  la terminación del conflicto armado para abrir otra etapa en la construcción de paz en Colombia. Los compromisos humanitarios urgentes son decisiones unilaterales de la guerrilla o del gobierno para ofrecer garantías de no violencia a la población civil. Desde la visibilidad y credibilidad de esos compromisos unilaterales se pueden construir escenarios exploratorios para diálogos, que incorporan suspensión transitoria de acciones ofensivas por parte de las guerrillas, conversaciones discretas de creación de líneas de comunicación, revaluación de las recomendaciones de Los Notables en 2002, pactos humanitarios especiales, hasta la definición de nuevas agendas, escenarios de encuentro y ceses bilaterales de operaciones ofensivas o de hostilidades. 
En los procesos reales de lucha por la paz las estrategias o modelos interactúan, chocan en muchos aspectos y se entrelazan en otros. La resultante siempre es un vector con magnitud y dirección distinta a las de las fuerzas que concurren desde su identidad,  y así sucede también en esta tensión por la paz que compromete a diversos sectores.
Cartas y cabañuelas en  2012
Los diversos protagonistas del actual debate por la paz en Colombia han colocado sus cartas para este 2012. El gobierno ha ajustado la institucionalidad de la Consolidación territorial y la acción integral en los planes de guerra y al mismo tiempo mantiene la iniciativa de reforma constitucional de justicia transicional; la puesta en marcha de la Ley de Víctimas es un espacio de oportunidades y confrontaciones; los promotores centrales de los congresos campesinos y populares en Barranca y Cali (El Diálogo es la Ruta y Congreso de los Pueblos) promueven una agenda de resistencia a las locomotoras y de presión por la solución negociada, y otras fuerzas con mayor o menor conciencia se alinean en la Vía Ciudadana.  Por el lado de la guerrilla continúan con liberaciones parciales de cautivos y con propuestas generales de diálogo. 
Como trasfondo de esos posicionamientos la mayor convocatoria es hecha desde comunidades que están siendo sometidas a la agresión en medio de la confrontación, como ocurre en el Cauca, donde el 2012 se inició con el asesinato de comuneros indígenas acusados por las Farc de colaboracionistas con la fuerza pública en la persecución de los cultivos de coca y negocios de pasta básica para la producción de cocaína. El Catatumbo es escenario de grandes ofensivas militares de la estrategia de Consolidación. En Urabá, Córdoba y Montes de María se agudizan los conflictos por la restitución y acceso a tierras. Los Urabeños, Paisas y Rastrojos elevan su visibilidad y muestran su capacidad de incidencia político militar. En el oriente se intensifica la guerra entre mafias y narcoparas para ocupar el lugar del sector del Erpac en proceso de desmovilización. Las Farc arrecian hostilidades en varios departamentos.
Las cartas mayores en la construcción de la paz están por jugarse  en los movimientos sociales y en la agenda legislativa sobre tierras, minería, bosques, educación y salud. Y el inicio de gobiernos como el de Bogotá marca las oportunidades para la reconfiguración del juego político y las posibilidades de alternativas democráticas transformadoras. La deliberación sobre los Planes de Desarrollo 2012- 2016 en las entidades territoriales es la gran oportunidad de ejercicios de democracia participativa y de inclusión de un enfoque de derechos humanos y construcción de paz. Es un  reto especial en el suroccidente, Meta, Antioquia, santanderes y otras zonas de alta conflictividad.
Con este panorama las cabañuelas de la paz anuncian turbulencia y demandan audacia.
Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
28 de enero de 2012
Autor
Camilo González Posso
POR LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS: PROGRESISMO, Nueva Fuerza Política. - MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTAS / PROGRESISTAS CALDAS ___ fuerza política en construcción. "Ser PROGRESISTA es respetar, como nos gusta que nos respeten"; "Ser PROGRESISTA es creer en los otros, como nos gusta que nos crean"; POR LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS: Nueva Fuerza Política MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTAS / PROGRESISTAS CALDAS: fuerza política en construcción. "Ser PROGRESISTA es hacer primar el interés general sobre el interés particular o de grupo" "Ser PROGRESISTA es SER pacifista, no violento" "Ser PROGRESISTA es rechazar la violencia como instrumento para hacer política" MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTAS / PROGRESISTAS CALDAS: POR LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS Y NOS MERECEMOS. "Ser PROGRESISTA es SER DEMÓCRATA Y ESO NOS COMPROMETE CON LA PARTICIPACIÓN, LA TRANSPARENCIA Y LA HONESTIDAD."