TALLER NACIONAL PROGRESISTA

El 14 de septiembre se llevará a cabo un taller nacional progresista con la idea de debatir la participación del progresismo en la propuesta de integración con el partido Verde y con el movimiento Compromiso Ciudadano, entre otros grupos y sectores.
En la página central de Progresista (http://www.progresistas.co/) encontrarán información complementaria.
El día anterior, jueves 13, se reunirán los jóvenes para analizar su situación dentro del progresismo, y para acercar posiciones sobre el que hacer en estas circunstancias.

PROGRESISTAS

Primer Movimiento Político
de construcción colectiva del siglo XXI

¿QUÉ ES SER PROGRESISTA?

ALGUNOS LO DEFINEN COMO UNA ACTITUD, Y TIENEN RAZÓN. OTROS LO ENTIENDEN COMO UNA CONCEPCIÓN DEL ESTADO, Y TAMBIÉN TIENEN RAZÓN. PERO LOS QUE PERTENECEMOS AL MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA SABEMOS QUE ES UNA PROPUESTA POLÍTICA ALTERNATIVA, CUYA DEFINICIÓN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN Y CUYA ORGANIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO, Y QUE HA HECHO PRESENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL DESDE HACE MUCHO TIEMPO. (Julián Mejía B.)

Al final del blog encontrarán una propuesta, escrita por Julián Mejía Botero, que de paso recoge otras propuestas y aporta construcciones colectivas hechas en Caldas, y sobre la que podemos seguir buscando consensos. Los invitamos a que la lean y opinen al respecto.

VÍDEO PROGRESISTAS CALDAS

4 de marzo de 2012

2011: Las guerras de Álvaro Uribe

razónpública.comImprimirE-mail
Domingo, 18 de Diciembre de 2011 21:07
Idolatrado por la opinión y sin embargo envuelto cada vez más en alegatos y contra-alegatos que bordean el Código Penal, el declive del hoy ex presidente bien podría ser “la noticia del año” en Colombia. Crónica rigurosa y detallada de los motivos y de las evidencias que parecen tener entre los palos a esta figura cardinal en nuestra historia.

Un ex a la defensivaÁlvaro Uribe es un guerrero que -tras ganar todas sus batallas a lo largo de cuatro décadas- comenzó a perderlas todas este año.

Desde 1976, desarrolló una carrera política imparable marcada por una obsesión: la derrota de las guerrillas. Imparable hasta el 26 de febrero de 2010. Ese día cinco magistrados frenaron su segunda reelección y pararon en seco la fulgurante carrera del colombiano que ha ocupado la Presidencia por más tiempo.
El 8 de agosto de 2010, al día siguiente de entregar el poder, amaneció en su casa de campo de Rionegro. Era domingo, pero como de costumbre, se levantó temprano y empezó a organizar su vida en cajas de cartón. Las elecciones regionales lo mantuvieron ocupado hasta octubre, pero sigue durmiendo solo cuatro o cinco horas diarias: “me levanto, prendo ese teléfono celular y veo algo malo contra el gobierno y pasó preocupado todo el día”, confesó [1].
Los últimos días han sido particularmente densos en malas noticias para Uribe:
  • un viceministro de Agricultura aceptó cargos y va a colaborar con la justicia en el caso Agro Ingreso Seguro (AIS);
  • un exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue capturado por montar una “empresa criminal” para beneficiarse de los bienes confiscados a la mafia;
  • fue hallado culpable un abogado implicado en un complot contra la Corte Suprema y que favorecía a Uribe;
  • su jefa de inteligencia es solicitada en extradición al gobierno de Panamá…
Y se podría seguir así enumerando su verdadera hecatombe a lo largo de los últimos 16 meses: el primo hermano con quien se inició en la política desde 1985 y su primer director de inteligencia, condenados; su ministro preferido y su secretario general, presos. Todos acusados de violaciones a los derechos humanos o de corrupción.
Su última aparición pública fue particularmente desafortunada. Un vídeo filtrado donde insta a miembros de la oposición venezolana a actuar en contra de su sucesor, Juan Manuel Santos, elegido por su propio partido, el de la U.
Por Twitter acusó de robo al periodista que reveló el contenido de esa reunión secreta. ¡Ah, la tentación de Twitter! Él mismo reconoce ser un tuitero compulsivo. “Ayer, por ejemplo, mandé 14”. Cuando no estátuitiando, Uribe está ripostando a sus críticos, a sus contradictores, y cada vez más, a fiscales y a jueces.
En 2011 tuvo que testificar tres veces e incluso un juez amenazó con hacerlo conducir por la Policía, luego de incumplir varias citaciones. La evidencia acumulada por las autoridades demuestra que en 2012 continuará, a sus sesenta años, cumpliendo la tarea que él mismo se ha impuesto: estar “a toda hora en la primera línea de lucha y de la defensa de mi gobierno”.
Pero no son sólo los hechos ocurridos en su largo mandato de 2.922 días los que lo mantendrán dando explicaciones a las autoridades. Su carrera política se caracteriza por una serie de relaciones y acontecimientos aún sin aclarar y que develan la trayectoria de un dirigente regional y luego nacional, que terminó cediendo a la tentación autoritaria, en ocasiones, bordeando los límites del código penal.
En el nombre del padre
La leyenda negra alrededor del exmandatario comienza con la riqueza y las amistades de su padre, Alberto Uribe Sierra. Hay señalamientos concretos de vínculos con Fabio, el patriarca del Clan Ochoa. El propio Álvaro Uribe ha aceptado la amistad que unía a las dos familias: “una relación con varias generaciones. Por las fincas y por los caballos” dijo en 2002, acosado por los cuestionamientos de los periodistasJoseph Contreras y Fernando Garavito. Uribe mismo “era amigo” de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, herederos del mafioso.
No es muy claro cuándo, ni dónde, ni por qué se truncó esa amistad, ni qué alcances reales llegó a tener. En algún momento se mencionó que fueron socios en el restaurante El Gran Banano. Luego se develó que los socios de Uribe y de su gran amigo José Roberto Arango, fueron los hermanos Londoño White, heliotropos de la alta sociedad de Medellín de la época, que terminaron al servicio de los Ochoa y de Pablo Escobar.
Pero ese no es el único vínculo entre las dos familias antioqueñas. Pese a que Uribe ha dicho de no tuvo relaciones con Escobar ni “cuando se usaba”, han salido a flote pruebas de que su padre no podría haber dicho lo mismo. El 13 de marzo de 1983 fue rejoneador en una corrida de beneficencia del programa social de Escobar, Medellín sin Tugurios.
Casi tres meses después sucede la tragedia que marcaría a Uribe como un vengador. Los hechos no son muy claros, pero las versiones coinciden en algunos detalles. Ese 14 de junio, Uribe Sierra llegó a bordo de su helicóptero Hugues-500, con matrícula HK 2704E, a la finca Guacharacas, en San Roque (Antioquia). En la zona había presencia de grupos armados, entre ellos las FARC. Tras una discusión se presentó un cruce de disparos, que terminó con la vida del hacendado.
Álvaro Uribe se enteró de los acontecimientos en Medellín, al caer la tarde. Antes del anochecer logró un préstamo inusual: “Mire, llamen a Helicol, al primer helicóptero que haya, ¡Por Dios!”, recordó tiempo después. Aunque no pudo aterrizar en la finca por mal tiempo, se subió en la aeronave que “al otro día El Mundo dijo era del hacendado Pablo Escobar”. También en la prensa paisa apareció este anuncio. Uribe Vélez asegura que nunca lo vio:
Alberto-Uribe-Sierra

El Hughes-500 tiene su propia historia. La versión de prensa de la época reportó que tras asesinar a Uribe Sierra, el grupo armado destruyó el aparato. Pero al parecer no fue pérdida total. El 10 de marzo de 1984 la aeronave apareció en Tranquilandia, la base de producción de coca de los Ochoa, Escobar y Rodríguez Gacha en los Llanos del Yarí.

La revista Cromos reveló que el Ministro Rodrigo Lara, días antes su muerte, reveló off the record el más escandaloso hallazgo de la operación: el aparato era propiedad de “una firma que tiene como principal socio a Alberto Uribe Sierra". Cecilia Lara, hermana del ministro, ratificó esa versión ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá en julio de 1984 y ante el Nuevo Herald, que revivió la historia en 2007. Entonces Uribe dijo que ese helicóptero se había vendido y mostró un aviso de prensa como prueba.
Sin embargo, el periodista Daniel Coronell demostró, con el folio de matrícula aeronáutica en mano, que el helicóptero perteneció a Aerofoto Amórtegui, la firma de la cual Uribe Sierra fue socio hasta 1993. El traspaso nunca se concretó y el Herald reveló la explicación de Uribe Vélez días después del hallazgo: su padre: "le había prestado el helicóptero a un amigo". Nunca se supo cuál amigo, pero, el 1 de mayo de 1986, El Colombiano publicó que “El helicóptero de matrícula HK 2704 cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín”. En 1995, finalmente la Fiscalía Regional de Bogotá precluyó la investigación.
Pero persisten las dudas. Por ejemplo, ¿Cómo llegó a ser tan rico Uribe Sierra? El hombre se movía en helicóptero por sus fincas (15, 25, 30 o 35 según las diferentes versiones) donde producía panela, banano y café en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y Antioquia. Muchas de esas fincas eran emprendimientos al debe con varios socios, que sus hijos – Álvaro, Alberto y Santiago - debieron liquidar para pagar deudas tras la muerte del patriarca.
Y otra pregunta: ¿Cuándo supieron los Uribe que los negocios de los Ochoa eran ilícitos? Fabio y Ángela María Ochoa Vásquez fuerondetenidos por transportar coca en 1977. Finalmente: ¿Eran amigos aún para el 12 de noviembre de 1981, cuando fue secuestrada Martha Nieves Ochoa por el M-19?
Este acontecimiento, que partió en dos la historia del narcotráfico, llevó a los narcotraficantes –y, según la versión de Fabio Castillo, a algunos hacendados aliados suyos- a crear el escuadrón que bautizaron comoMuerte a Secuestradores (MAS). Una de esas reuniones se llevó a cabo en el célebre Estadero Las Margaritas, de los Ochoa, y otra en el Hotel Intercontinental de Cali. Allí sellaron su compromiso para aportar hombres y dinero a la causa de Los Secuestrables.
Entre haciendas y cargos públicos
En la carrera del propio Álvaro Uribe Vélez no faltan los pasajes controvertibles y controvertidos. Luego de graduarse como abogado, de trabajar en Empresas Públicas de Medellín (EPM) y en el Ministerio de Trabajo (1978), se dedicó a sus negocios privados.
El Gran Banano fue un éxito en Medellín y alcanzó a tener sucursales en Cartagena y Santa Marta. Pero se liquidó. Con esa plata compró hacia 1982 la finca El Ubérrimo: 600 hectáreas planas como una mesa de billar en el corregimiento de El Sabanal, a 45 minutos de Montería.
El 24 de marzo de 1980 fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Turbay Ayala, cargo que ejerció hasta agosto de 1982. No era cualquier cargo ni en cualquier momento. Durante su período se concedieron por lo menos 57 licencias de aviación y pistas de aterrizaje a Jaime Cardona, Carlos Lehder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón, entre otros sospechosos de traficar con cocaína. Tres de esos aviones aparecieron en Tranquilandia, según El Nuevo Herald.
Más tarde, Lara Bonilla calificaría de ''negligente'' y ''pasiva'' a la dirección de la Aeronáutica Civil. Cuando estos detalles de su gestión salieron a la luz, en marzo de 2002, Uribe descargó la responsabilidad en su asesor técnico, César Villegas, “el único máster de transporte aéreo que había en Colombia en ese momento”, y quien caería abaleado ese mismo año, meses después de cumplir su sentencia por enriquecimiento ilícito a favor del Cartel de Cali.
Una vez terminó el período de presidente liberal Turbay, Uribe se reenganchó en la nueva administración del conservador Belisario Betancur. Tenía apenas 30 años cuando fue nombrado Alcalde de Medellín. Duró apenas cinco meses pero, entre otras ejecutorias, firmó el convenio para la construcción del Metro, que se proyectó terminar en cinco años y se terminó en doce. En 1997, cuando el entonces gobernador Álvaro Uribe lo inauguró, se había incurrido en sobrecostos por 1.166 millones de dólares, parte de los cuales terminó cargando sobre los hombros de los contribuyentes de todo el país, el ya presidente Uribe en mayo de 2004,
En Medellín también ganó sus primeras elecciones. En 1984 se presentó al Concejo, mientras su primo Mario se lanzó a la Asamblea. En el 85 sellaron su alianza con la creación de la disidencia del Partido Liberal, Sector Democrático, que Ernesto Samper Pizano lideraba en el plano nacional. Uribe repitió victoria y luego logró algo que pocas veces se ha visto: saltó del Concejo municipal directamente al Senado sin pasar por la Cámara. Mantuvo su curul en 1990 y en 1992, en llave con el representante Mario Uribe Escobar.
Tierra de paramilitares
A lo largo de estos años Uribe no solo fue creciendo como político, sino también como hacendado. Además de El Ubérrimo que ya poseía, heredó de su padre las haciendas Guacharacas y La Carolina (en Yarumal). En estas propiedades habrían de suceder cosas espeluznantes.
El proyecto paramilitar que en 1997 desembocó en la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgió en las propias barbas del expresidente Uribe. Además del MAS, que operó en Medellín durante varios años, incluido el período cuando él fue alcalde, hubo grupos de autodefensas auspiciados por miembros de las Fuerzas Armadas, hacendados y narcotraficantes en Montería, San Roque y Yarumal desde principios de los años 80 y hasta su desmovilización, dos décadas después, gracias a un acuerdo con el gobierno Uribe.
A la usanza del MAS se crearon en Córdoba grupos de limpieza comoEl Orcón, Los Magníficos, Levantando Banderas y Ojo por Ojo. Estos grupos idearon una estrategia efectiva de control social en tierras dominadas por la guerrilla: que les temieran más que a ella. Así comenzaron las masacres, algunas atribuidas a los Tangueros de Fidel Castaño. Entre 1980 y el 1993 se produjeron 40 masacres en Córdoba y cerca de 200 asesinatos selectivos [2]. Estos movimientos contaron con el apoyo de la elite económica del departamento, como lo documentaron Iván Cepeda y Jorge Rojas [3].
Uno de los líderes más destacados de estos grupos fue Salvatore Mancuso, quien en 1993 selló, con los hermanos Castaño, la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). El financiador de ese grupo fue Rodrigo García, directivo del Fondo Ganadero de Córdoba. Desde allí comenzó una expansión militar y política que llevó a que esta facción alcanzara el control en 25 de los 28 municipios de Córdoba. Fue el laboratorio local de la ‘parapolítica’.
Uribe reconoce “que (a Mancuso) lo vi un par de veces, pero no me he reunido con él para ningún efecto”.
Muchos de aquellos grupos se ampararon en la lógica de la autodefensa, promovida por un sector del gobierno, ante su propia ineficiencia: quienes puedan aportar recursos, trabajadores y vehículos a cooperativas de seguridad privada, que lo hagan. Los principales voceros de esta tendencia fueron el ministro de Defensa, General Rafael Samudio, el general Fernando Landazábal Reyes y el ministro de Justicia, José Manuel Arias [4]. El modelo se extendió desde Córdoba hacia el norte de Antioquia y llegó a Medellín. Al menos dos de esos grupos que terminaron convertidos en comandos paramilitares están vinculados con la familia Uribe.
El 15 de febrero de 1992 apareció en Yarumal un panfleto que declaraba la guerra a los secuestradores y simpatizantes de la guerrilla. Luego comenzaron los asesinatos. Este grupo se conocería como Los Doce Apóstoles. En 1994 operaron en franca cooperación con la Policía, al mando del capitán Juan Carlos Meneses. Según su testimonio, a la cabeza del grupo estaban tres hacendados: Emiro Pérez, Álvaro Vásquez y Santiago Uribe, dueño, junto con sus hermanos, de la hacienda La Carolina. Este tenebroso grupo, apodado así por la cercanía con el cura Gonzalo Palacios, ordenaría casi 100 asesinatos hasta bien entrado 1996. El testimonio de Meneses habla de La Carolina como un campo de entrenamiento con 25 hombres fuertemente armados y lugar del homicidio de Vicente Varela, un supuesto extorsionador.
Los hechos anteriores fueron investigados por la Fiscalía en 1996 y en 2000, y luego fueron objeto de un debate promovido por el entonces senador Gustavo Petro. Sobre la base de la declaración de Meneses, ampliada en un libro de Olga Behar [5], la Fiscalía reabrió la investigación en 2010. 18 meses después de la declaración de Meneses ante el Fiscal Hernando Castañeda, Santiago Uribe no ha sido vinculado al proceso.
Un grupo similar operó en San Roque, alrededor de la finca Guacharacas. El expresidente asegura que esa finca fue “malvendida” en 1996, luego de un ataque del ELN. ¿A quién fue vendida? A dos amigos de la familia: Luis Alberto Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.
En los últimos meses se han conocido los testimonios de dos exparas, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, comandante del Bloque Cacique Pipintá, quienes acusan a los Uribe Vélez, a Luis Alberto Villegas y a su hermano Juan Guillermo y a Santiago Gallón de encubrir – bajo el paraguas de la cooperativa de seguridad (Convivir) denominada El Cóndor – a un grupo paramilitar que posteriormente dio lugar al Bloque Metro. Gallón fue condenado por auspiciar grupos paramilitares en toda Antioquia.
Villegas fue investigado y absuelto por estos hechos en 1999 y 2000, pero en 2010 un fiscal de Justicia y Paz consideró que su homicidio, ocurrido en 2004, fue un ajuste de cuentas entre miembros del Bloque Metro y del Central Bolívar. La cooperativa El Cóndor recibió personería jurídica en noviembre de 1996 a través de la Resolución 42378, firmada por Álvaro Uribe.
Gobernador de Antioquia
Uno de los capítulos más controvertidos de la vida política de Uribe fue su paso por la gobernación de Antioquia, que ganó por apenas 4 mil votos en unas debatidas elecciones. Desde allí golpeó con mucha fuerza a las guerrillas. El modelo de las Convivir, concebidas por el Ministro de Defensa Rafael Pardo y puestas en marcha por su sucesor, Fernando Botero, se expandió a casi todos los municipios de Antioquia.
Mancuso ha señalado que se reunió con Carlos Castaño y el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, para planear operaciones conjuntas. La masacre de El Aro en 1996 es el caso donde hay quizá mayor evidencia sobre esa colaboración. Según Mancuso y Francisco Villalba (quien comandaba el grupo paramilitar), la acción fue coordinada con Moreno y con el General Carlos Ospina. De hecho hay testimonios acogidos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales dos helicópteros, uno de la gobernación y otro del ejército, sobrevolaron el caserío durante el operativo y uno de ellos habría traído pertrechos a los paramilitares.
Ese año hubo otras 54 masacres en Antioquia, muchas de ellas relacionadas con Convivir aprobadas y defendidas con ahínco por Uribe. De las 48 que recibieron personería jurídica y fueron autorizadas a operar oficialmente en el departamento, al menos Acepal, Los Girasoles, Las Garzas, Los Sables, Las Guacamayas, Renacer y Del Oriente aparecen en procesos judiciales vinculados con violaciones a los derechos humanos. Otra, Horizonte Ltda, operó sin problema pese a que su representante legal era el mismísimo Salvatore Mancuso.
Ese modelo se aplicó con especial severidad en la región bananera y fue parte integral de la estrategia llamada “Pacificación de Urabá”.“Dejamos a Urabá en un clima de paz laboral, los empresarios han podido regresar” dijo alguna vez Uribe al hablar de estos cargos. Los homicidios en la región pasaron de 600 en 1994 a 1.431 en 1996.
Como lo expresó en su momento Carlos Castaño, fueron años terribles: “Cada fin de semana los grupos armados nos contestábamos entre sí con ejecuciones masivas de colaboradores o simpatizantes. Creo que allí fallecieron tanto inocentes como culpables”.
Victoria en el 2002
Por ese entonces Pastrana trataba de conducir un proceso de paz con la guerrilla en El Caguán, mientras desde el nordeste del país venía la arremetida ‘para’; su estrategia de la época combinó las masacres con la captura de rentas y las alianzas políticas. Ese tinglado daría sus frutos en las elecciones de 2002 [6].
Después de su controvertida gobernación, Uribe se autoexilió en Oxford. Regresó al país en 1999. En abril de ese año y de manera informal, lanzó su candidatura a la Presidencia durante un homenaje que el mismo le rindió al destituido general Del Río, en compañía de Fernando Londoño, Jorge Visbal Martelo y Plinio Mendoza. Uribe sostuvo esa noche en el Hotel Tequendama: “Nadie mejor que el general del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora. Es un buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia”.
Casi tres años después, el candidato independiente registraba apenas el 5 por ciento de apoyo en las encuestas. Pero el proceso de paz con las FARC entró en crisis y se rompió faltando tres meses para las elecciones. Las FARC siempre reclamaron del gobierno Pastrana acciones contundentes para enfrentar la arremetida de las AUC.
Uribe ganó en primera vuelta el 29 de abril de 2002. Junto con él fueron elegidos 266 congresistas, de los cuales 67 terminaron procesados por la justicia por vínculos con los ‘paras’. Entre quienes ya están condenados o aceptaron cargos están Mario Uribe, Eleonora Pineda, Miguel de La Espriella, Álvaro Araújo, Rubén Darío Quintero, Carlos Clavijo, Álvaro García, Erick Morris, Reginaldo Montes, Jairo Enrique Merlano, Alfonso Ocampo, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero, Rocío Arias y Ciro Ramírez.
Sobre la limpieza de esas elecciones hay serias dudas, según testimonio del exdirector de informática del DAS, Rafael García, quien en 2008 recuperó la libertad por cumplimiento de las tres quintas partes de su condena por cohecho. Este hombre fue el cerebro del fraude que permitió a los aliados del Bloque Norte ganar las elecciones en Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar. Según su testimonio ese mismo fraude se repitió en las elecciones presidenciales a favor de Uribe, aunque dice ignorar si el candidato tuvo conocimiento del fraude.
En el pináculo
Al día siguiente de su posesión, el presidente Uribe viajó al Cesar para coordinar las primeras acciones tendientes a recuperar las carreteras, por entonces asoladas por las ‘pescas milagrosas’ de las guerrillas. Por primera vez la seguridad había llegado a ser la prioridad indiscutida e incluso obsesiva del alto gobierno.
A diferencia de su antecesor, un bogotano sitiado en la capital de un país en guerra, Uribe gestó durante su primer mandato una alianza estrecha con los gobernadores y las élites políticas locales para combatir a las guerrillas [7].
Dos de esos gobernadores, con quienes quizás la colaboración fue más estrecha, resultaron condenados por paramilitarismo. Hernando Molina, del Cesar, y Salvador Arana, de Sucre. Este último fue condenado a 40 años de prisión por el homicidio del alcalde de El Roble, Tito Díaz. Este hombre se hizo conocido en 2003 porque en vivo, a través de la televisión nacional,
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le advirtió a Uribe y a Arana que estaba sentado a su lado, de una “alianza macabra” entre paramilitares y políticos: “y ahora me van a matar”, dijo. Efectivamente, a los quince días, la Policía le retiró su escolta y el 5 de abril apareció muerto en una carretera de Sucre [8]. Arana fue el embajador de Uribe en Santiago, hasta su renuncia en 2005.
Córdoba, Sucre, Cesar y Antioquia vieron diezmada su dirigencia por el avance de la ‘parapolítica’. Pero no hubo ningún departamento tan afectado como Magdalena, el único de la Costa donde Uribe venció a Serpa en 2002. Y allí fue central la figura de Jorge Noguera, quien fue condenado en septiembre pasado a 24 años de cárcel como responsable de la infiltración paramilitar al DAS. Al día siguiente de proferida la sentencia, Uribe reaccionó así a la noticia: “lo nombré por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía".
Política y guerra sucia
Y sí que delinquió: según la Corte Suprema, Noguera nombró a Rafael García en el DAS y así puso la entidad al servicio de los jefes paramilitares ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo: sabotearon capturas, entregaron información que fue usada en homicidios, sacaron del camino a servidores incómodos y encauzaron los esfuerzos del organismo para combatir a las guerrillas exclusivamente.
Un testigo, el ex Director General Operativo del DAS, Luis Carlos Barragán, aseguró que la orden “fue que procediéramos contra la guerrilla, sobre las otras organizaciones argumentaba que estaban ya en trámite hacia un proceso de paz y era preciso ser cautos para no entorpecer el proceso”.
Noguera reveló durante su juicio que una de las primeras órdenes de Uribe fue nombrar a José Miguel Narváez, quien había sido el ideólogo de las AUC, como lo ha repetido más de una vez Mancuso. Narváeztambién asesoró al Ejército, a la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y es señalado como instigador del asesinato de Jaime Garzón.
Andrés Peñate, el sucesor de Noguera, y quien también está siendo investigado, ha dicho que el nombramiento de Narváez fue “un peligro para el país”, porque es uno de quienes “han hecho del término 'guerra política' una carrera”.
Hoy se sabe que efectivamente el DAS no se dedicó exclusivamente a la guerra limpia y sucia contra las guerrillas. La llegada de Narváez fue el principio de otra guerra, no declarada, que alguien en el gobierno adelantó contra defensores de derechos humanos, opositores, periodistas, jueces, miembros del cuerpo diplomático, subalternos del presidente y líderes sociales.
Hay una presentación en PowerPoint de la dirección de inteligencia del DAS titulada “Guerra Política cuyo objetivo es “defender la democracia y la Nación” y “crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista”. El lector acucioso encontrará en ese documento la planeación detallada de seguimientos, saboteos, espionajes, intimidaciones y asesinatos de carácter que salieron a la luz pública en 2009.
Fueron las operaciones Transmilenio, Arauca, Halloween, Risaralda,Extranjeros, Europa, Internet, Imprenta y Puerto Asís. Cuando la Corte Suprema comenzó las investigaciones por ‘parapolítica’ sería víctima de la operación Paseo dedicada a desprestigiarla por presuntos vínculos con narcotraficantes.
Enumerar los delitos que cometieron los grupos G-3 y el Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI) del DAS entre 2003 y 2009 sería una tarea extensa. Eso sí, estos son los implicados que han aceptado cargos, son testigos del proceso, han aportado evidencias o han negociado el principio de oportunidad: la señora del servicio de la Corte, Janeth Maldonado; los escoltas, capitán Julián Leonardo Laverde y David García; la detective Alba Luz Flórez Gélvez, el ex jefe de fuentes humanas, William Romero, los ex jefes del grupo GONI, Fernando Ovalle y Germán Ospina; la ex directora de Contrainteligencia, Jacqueline Sandoval; el ex integrante de la Subdirección de Contrainteligencia, Jorge Armando Rubiano; el ex subdirector de Operaciones, Hugo Daney Ortiz; el ex coordinador del grupo de verificación, José Alexander Velásquez; el ex subdirector de Análisis, Gustavo Sierra, el ex director de Inteligencia, Enrique Alberto Ariza, la ex subdirectora de Operaciones, Martha Leal, el ex jefe de Contrainteligencia, Jorge Lagos y el ex jefe de inteligencia, Fernando Tabares.
Todos ellos han reconocido que cometieron esos delitos por órdenes de funcionarios de la Presidencia. William Romero incluso asegura que recibió una felicitación porque “el 1 conoció los insumos”. El 6 de marzo un fiscal delegado ante la Corte Suprema “compulsó copias a la Comisión de Acusaciones por la presunta responsabilidad del ex presidente” en estos hechos.
Por ahora las investigaciones avanzan: Mario Aranguren, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y el secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno están presos. La ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, pedida en extradición. También están vinculados los asesores presidenciales Edmundo Del Castillo, César Mauricio Velásquez, Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria.
La reelección
Uribe también se embarcó en una guerra por mantener el poder. El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema determinó que la parlamentaria Yidis Medina sí vendió su voto para la reelección del presidente Uribe y la sentenció por el delito de cohecho a 47 meses de detención domiciliaria. La Corte envió la información a los varios organismos encargados de investigar o sancionar a los funcionarios del gobierno presuntamente implicados y declaró que "la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder", al tiempo que pedía a la Corte Constitucional revisar dicha reforma. Este fallo produjo una fuerte reacción del presidente Uribe, quien sugirió la complicidad de algunos magistrados con “grupos terroristas” y anunció un referendo repetir las elecciones de 2006 con el propósito de "legitimar su mandato" (más tarde desistiría de ello). Al día siguiente funcionarios del gobierno interpusieron demandas penales contra los magistrados de la Corte Suprema.
Como cosa rara, solo los congresistas Medina, Avendaño y Mateus, quienes vendieron su voluntad a cambio de prebendas, están condenados. Los funcionarios del Gobierno que supuestamente les habrían ofrecido beneficios siguen siendo materia de investigación, aunque la Procuraduría ya dio pistas de por dónde va el agua al molino: en agosto de 2010 destituyó y sancionó al ministro del Interior, SabasPretelt.
Ante los tribunales
El pasado 11 de agosto ante la Comisión de Acusaciones, Uribe dijo que los hechos del DAS obedecen a una "venganza criminal urdida por los enemigos de los paramilitares que ahora visitan a los paramilitares en los EU, lo que parece una confabulación contra el gobierno que les quitó de encima a esos verdugos”.
Es la misma explicación que ha usado en otras batallas:
  • Los falsos positivos en Ocaña fueron obra de “sectores del narcotráfico, bandas criminales del narcotráfico que penetraron”al Ejército;
  • la ‘Yidispolítica’ es usada por grupos delincuenciales para desacreditar al Gobierno";
  • Agro Ingreso Seguro es una "acusación temeraria", pues se está “acusando sin razón”.
Este año, por todos estos hechos, la Justicia ha dado buena cuenta de sus funcionarios: Sabas Pretelt y Andrés Felipe Arias fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría. Hay 126 sentencias condenatoriascontra más de 344 coroneles, mayores, otros oficiales y suboficiales del Ejército por 1.486 denuncias de falsos positivos.De hecho, esta misma semana las investigaciones llegaron hasta el comandante del Ejército entre 2006 y 2008, el general Mario Montoya, quien fue llamado a rendir indagatoria por violaciones a los derechos humanos durante la Operación Orión, que barrió de insurgencia las comunas nororientales de Medellín, aparentemente en complicidad con los paras. Tras su retiro del Ejército, Uribe lo nombró embajador en Santo Domingo, como es costumbre para militares de alto grado.
Ocaso del guerrero
Bajo el gobierno Santos se han ido destapando más escándalos que de manera más o menos directa salpican a su antecesor. Estos tienen que ver con el nombramiento de funcionarios incompetentes o corruptos, la mayoría de ellos vinculados con miembros de la coalición uribista en el Congreso.
La lista de entidades intervenidas también es larga: la Superintendencia de Notariado, el Ministerio de Protección Social, el de Educación, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), el Instituto Colombiano de Geología y Minería (IMEOMINAS), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Son tantas las acusaciones, que Uribe le ha revirado al gobierno por querer “graduarme de corrupto”. 
Uribe enfrenta en la Comisión de Acusaciones varias investigaciones. Tres parlamentarios renunciaron a conducirlas por amenazas e incluso intimidaciones directamente proferidas por el propio ex presidente. En septiembre se abrió investigación formal en su contra por el caso de las chuzadas.
Hay varias coincidencias en muchos de estos casos: las pruebas desaparecen con el tiempo, los testigos caen asesinados [9], tienen que exilarse o dejan de colaborar repentinamente por amenazas contra sus familias. Como dijo desde Cómbita">
Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos que han sido intimidados por saber demasiado: “nosotros somos presos, ellos son señores”.
En Colombia se está viviendo un proceso de memoria histórica donde muchos señores tendrán que rendir cuentas también. La guerra sucia no la hicieron solo los Monsalve o los Mancuso.
Ahí están, para quien quiera verlas, sus conexiones con militares, funcionarios, empresarios, narcotraficantes, hacendados, sacerdotes y políticos. Los intereses que movieron a la autodefensa siguen vivos.
Así lo denunció Carmen Palencia, representante de la Asociación Tierra y Vida: desde septiembre de 2010, cuando empezó a hablarse de reparación y restitución, las organizaciones de víctimas ponen entre tres y cuatro muertos al mes… “Nos están persiguiendo por todo el país”.
Son los que no se rinden, como los llama Alfredo Molano. La evidencia apunta a que esos sectores no han renunciado a la combinación de todas las formas de lucha. La vigencia política de Álvaro Uribe demuestra que queda también mucho trecho para derrotar a esa tendencia que insiste en jugar al todo vale y por debajo de la mesa.
Pero al menos ya comenzó su declive.


* Periodista y profesor universitario
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@rodrihurt 
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