TALLER NACIONAL PROGRESISTA

El 14 de septiembre se llevará a cabo un taller nacional progresista con la idea de debatir la participación del progresismo en la propuesta de integración con el partido Verde y con el movimiento Compromiso Ciudadano, entre otros grupos y sectores.
En la página central de Progresista (http://www.progresistas.co/) encontrarán información complementaria.
El día anterior, jueves 13, se reunirán los jóvenes para analizar su situación dentro del progresismo, y para acercar posiciones sobre el que hacer en estas circunstancias.

PROGRESISTAS

Primer Movimiento Político
de construcción colectiva del siglo XXI

¿QUÉ ES SER PROGRESISTA?

ALGUNOS LO DEFINEN COMO UNA ACTITUD, Y TIENEN RAZÓN. OTROS LO ENTIENDEN COMO UNA CONCEPCIÓN DEL ESTADO, Y TAMBIÉN TIENEN RAZÓN. PERO LOS QUE PERTENECEMOS AL MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA SABEMOS QUE ES UNA PROPUESTA POLÍTICA ALTERNATIVA, CUYA DEFINICIÓN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN Y CUYA ORGANIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO, Y QUE HA HECHO PRESENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL DESDE HACE MUCHO TIEMPO. (Julián Mejía B.)

Al final del blog encontrarán una propuesta, escrita por Julián Mejía Botero, que de paso recoge otras propuestas y aporta construcciones colectivas hechas en Caldas, y sobre la que podemos seguir buscando consensos. Los invitamos a que la lean y opinen al respecto.

VÍDEO PROGRESISTAS CALDAS

20 de junio de 2009

Editorial de eltiempo.com; RESULTADO LAMENTABLE

eltiempo.com / opinión / editoriales
Sábado 20 de junio de 2009
Un entierro de tercera recibió este jueves en el Congreso el proyecto de ley que buscaba establecer el marco para la reparación debida de cientos de miles de víctimas del conflicto interno en Colombia, ya sea por cuenta de actos u omisiones del Estado o de lo hecho por grupos irregulares. Fue el triste epílogo de dos años de puja entre sectores opositores y voceros de las organizaciones no gubernamentales, defensores de la iniciativa, y el Gobierno, que, aunque en principio estaba de acuerdo, movió al final sus fuerzas para hundirla, a la hora de aprobar un texto conciliado entre las dos cámaras.
Antes de entrar en los argumentos esgrimidos, hay que decir que el resultado es lamentable. Una vez más, la preocupante polarización política pesó más que el ánimo de hacer justicia. Y es que no puede haber discusión en la necesidad de una norma que permita reconocer una compensación de algún tipo a tantas personas afectadas por la nefasta violencia que durante décadas se ha entronizado en el país. La reparación, sin duda, debe tener reglas claras y razonables, tanto de procedimiento como de costo fiscal. Pero el juicioso trabajo hecho por el representante Guillermo Rivera y por el senador Juan Fernando Cristo, ambos liberales, merecía un destino mejor que el de demostrarles a las víctimas que las rivalidades entre los partidos están por encima de los seres humanos.
Como es conocido, la principal razón utilizada por el Ejecutivo para explicar su actuación fue la del impacto, cercano a los 80 billones de pesos, que el texto sometido a votación habría tenido sobre el presupuesto nacional. Y aunque el argumento fiscal es válido, pues mal haría el Gobierno en comprometer las finanzas de la Nación en un esfuerzo imposible de realizar, eso no les quita gravedad al resultado, ni responsabilidad a los funcionarios que durante todos estos meses demostraron que no fueron capaces de negociar con la oposición un texto de consenso.
También hay que decir que el desacuerdo se manifestó en el tratamiento de las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado, sobre lo cual fue imposible llegar a un justo medio. Además, con una legislatura crispada por el referendo reeleccionista, nunca hubo ambiente para avanzar hacia una salida concertada.
Lo anterior no exime, sin embargo, a la oposición de sus propias culpas. En aras de alcanzar un objetivo maximalista en la reparación de las víctimas y sus familias, los defensores del texto más ambicioso en el campo de los recursos que se iban a pagar olvidaron que lo mejor es enemigo de lo bueno. Así, ellos hicieron inviable un proyecto que no merecía el desenlace que tuvo.
Fue tan dura la postura opositora, que algunos creen que, entre los impulsores del texto que al final fue negado, no todos estaban por sacar adelante la iniciativa, sino que unos cuantos lo que querían era exponer al Gobierno en general y al Presidente en particular a la necesidad de hacerla naufragar, con el consabido costo político que no solo debe pagar el Primer Mandatario en el ámbito local, sino también en el internacional.
Pero, aparte de esas cábalas, el resultado es el peor imaginable: no hay ley de víctimas, y eso a pesar de que, al menos de dientes para fuera, los dos bandos enfrentados aseguraron una y otra vez que estaban de acuerdo en aprobarla y ponerla en marcha. La reparación proveniente del Estado, tan necesaria para resanar las profundas heridas de una guerra en la que agentes de este se han quedado cortos o extralimitado en ocasiones en la defensa de la vida y el patrimonio de muchos compatriotas, ha quedado en veremos.
El Gobierno ya anunció que volverá a presentar la iniciativa en la próxima legislatura. Pero si ahora, en medio de la polarización preelectoral, fue imposible aprobarla, qué se puede pensar de lo que ocurrirá en el siguiente período del Congreso, cuando la campaña para la Presidencia haya prendido todos los motores.

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